Nadie mejor que el Psicólogo Sergio Mauricio Zúñiga Ramírez, para conocer la problemática de la salud en Colombia, pues por espacio de ocho años fue gerente de la ESE Manuel Castro Tovar del municipio de Pitalito, desde donde tuvo que lidiar con las diferentes EPS para cobrar los servicios que la IPS presta a estas entidades.
La Ley 100 de 1993 fue concebida para prestar el servicio de salud de forma integral, en cumplimiento de los preceptos constitucionales consagrados en la recién promulgada Constitución de 1991. Aprobada en el gobierno del presidente Cesar Gaviria Trujillo, cuyo ponente fue el entonces senador Álvaro Uribe Vélez, pero aprobada por la totalidad de senadores y representantes de la época, se concibió desde un comienzo con el propósito de tercerizar la prestación del servicio de salud con miras a privatizar y mercantilizar la salud.
Desde entonces se constituyeron cientos de Administradoras del Régimen Subsidiado y otro tanto de Empresas Prestadoras de Salud, una forma innecesaria pues los dineros del situado fiscal no necesitan pasar por estas intermediarias, sino que el estado puede contratar directamente con las Instituciones Prestadoras de Salud y con clínicas privadas, incluso con médicos privados como lo hacen algunos sistemas europeos.
Casi 30 años después, todas las EPS se encuentran al borde la quiebra económica y con deudas contraídas con las IPS, muchas de ellas impagables, con el consabido detrimento patrimonial para clínicas, hospitales públicos y IPS del estado, muchas al borde de la quiebra financiera por culpa de este nefasto sistema.
La propuesta de Sergio Zúñiga
El Psicólogo Sergio Zúñiga, quien aspira a ocupar un escaño en la Cámara de Representantes, propone buscar una alianza con otros congresistas de las dos cámaras para presentar un proyecto de Ley que ponga fin a esa intermediación en el sistema de salud. Es decir, acabar con todas las EPS existentes y permitir que el Ministerio de la Protección Social contrate de forma directa la prestación de la salud con las entidades públicas y privadas que prestan servicios de salud.
Con esta ley concebida para terminar con esa tercerización, el dinero destinado para la prestación de la salud rendirá mucho más, porque sencillamente no se perderá (robarán) en el camino, sino que llegará donde debe ser, es decir a los hospitales públicos concebidos como Empresas Sociales del Estado, para prestar de forma directa el servicio de salud.
De esta forma todos los pacientes no necesitaran autorizaciones que en la mayoría de los casos son dilatadas por las actuales EPS, en muchas ocasiones con el lamentable fallecimiento del paciente, por no llegar a tiempo las mismas.
